Garantizar el acceso a la información pública

COMUNICADO: Monterrey, Nuevo León, México Julio 31, 2018

En Nuevo León se pretende un grave retroceso en materia de acceso a la información pública, el órgano que debiera garantizar el acceso a la información pretende a través de unos lineamientos  (ordenamiento menor), pasar por encima de la Ley General y la Ley de Transparencia estatal, e ilegalmente cambiar el periodo de publicación de la nómina de los diferentes entes y niveles de gobierno del estado Nuevo León al pasar de cada 30 a 180 días.

La Ley General de Transparencia fue publicada en 2015; el Congreso de Nuevo León hizo la homologación en 2016.

La Comisión de Transparencia y los sujetos obligados tuvieron el tiempo suficiente para prepararse para el cumplimiento de la Ley. Tres años, para ser precisos.

A través de los lineamientos se han dado prórrogas para que los sujetos obligados violenten la ley, lo que deriva en un manejo discrecional y opaco de los recursos públicos.

En la práctica, los lineamientos en materia de transparencia están funcionando como un salvavidas para los sujetos obligados (quienes reciben y ejercen recursos públicos), mientras que son regresivos para los ciudadanos, pues violentan principios básicos de ley y de derechos humanos.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, en su artículo 85, indica que: La información correspondiente a las obligaciones de transparencia de la presente Ley, deberá de actualizarse durante los siguientes treinta días naturales a partir de la fecha en que se generó la misma o a más tardar a los treinta días naturales posteriores de la conclusión del periodo que informa, lo que sea menor, señalando la fecha de su actualización.

La Comisión de Transparencia de Nuevo León, publicó una Tabla de Actualización y Conservación de la Información que establece, por ejemplo que la nómina deberá actualizarse cada 6 meses. (consultar).

Si por ley se establece una obligación de 30 días, es un retroceso en todos los sentidos que ahora los sujetos obligados tengan que publicar la información cada 180 días. De hacerlo estarían violentado la ley y deben ser sujetos de sanciones. Los lineamientos no pueden estar por encima de la Ley.  

Además la publicación cada 6 meses  violentaría el principio de progresividad en materia de derechos humanos, el cual señala la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

En Nuevo León, lo que se vive es la opacidad de oficio. Los sujetos obligados están dispuestos a no proporcionar la información.

Que la Comisión de Transparencia haya incrementado el número de casos que resuelve vía pleno no es algo que deba celebrarse, por el contrario, es algo que alerta y preocupa porque se comprueba que quienes reciben y ejercen recursos públicos (sujetos obligados) violentan con más frecuencia la ley, y al no proporcionar la información, el ciudadano tiene que recurrir a recursos de revisión. Se trata de un engorroso y largo trámite burocrático, que puede terminar hasta un año después de iniciada una solicitud, con un expediente abultado, lleno de palabras y términos no accesibles para la mayoría de los ciudadanos. ¿Así esperan que algo tan básico como es la nómina, deba solicitarse para entonces conocerla?

Al dar a conocer que este cambio obedece a “mandato federal” se ha querido justificar este retroceso, pero es preciso mencionar que la Comisión de Transparencia es un órgano constitucional autónomo, por lo tanto no está supeditado a otro Poder, otro organismo autónomo, a un sistema y mucho menos a los lineamientos, por lo tanto, en aras garantizar el derecho de acceso a la información y el cumplimiento de obligaciones de transparencia previstas en la Ley, debe hacer valer su autonomía.

Por ultimo cabe señalar que el artículo segundo de la Ley General de Transparencia establece que:  “Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley…”

Por lo tanto lo aprobado de manera local no tiene validez y los sujetos obligados se encuentran incumpliendo la ley, deben ser sujetos de sanciones.

Si el Órgano Garante, no garantiza, ¿entonces cuál es su función?

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