Caso #RodrigoMedina: la aplicación de la Justicia de forma diferenciada

“En muchos países, las personas están privadas de sus más básicas necesidades y van con hambre a la cama cada noche debido a la corrupción, mientras que los poderosos y corruptos disfrutan de sus excéntricas vidas con impunidad“ José Ugaz, Jefe de Transparencia Internacional.

Hace unos días Nuevo León amanecía con una noticia que pone en duda una vez más la eficiencia del Poder Judicial. Sorpresivamente, un juez federal ordenó en la noche del día viernes la liberación inmediata del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quien se encontraba internado en el penal del Topo Chico desde la madrugada del jueves, acusado de los delitos de peculado y daño al erario, aunque éstos no se le habían comprobado.

El caso

La Revista Proceso en su edición virtual, describe que “de acuerdo con la resolución, Eufracio Rodríguez señaló que los delitos imputados son de naturaleza dolosa y atentan contra el patrimonio del Estado, aunque estimó como mínima la posibilidad de que el promovente se sustrajera de la acción de la justicia, pues ya anteriormente había comparecido en la misma causa, en la que se le acusa de haber entregado indebidamente estímulos fiscales por más de 3 mil millones de pesos a la armadora surcoreana KIA.

Para ordenar la liberación del ex gobernador de N.L., el órgano jurisdiccional señala que el delito atribuido no es grave ni amerita prisión preventiva oficiosa“.

Es decir, según el criterio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no existe riesgo acreditado de que el imputado huya, como pudo haberlo legitimado al aplicar el principio de excepcionalidad contenido en los artículos sexto, 171 y 185 del Código Procesal Penal del Estado de Nuevo León, para imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, según la ya citada Revista Proceso.

Justamente fue esa medida cautelar (es decir, un tipo de amparo) la que impedía que Rodrigo Medina fuera a la cárcel, y como pudimos observar, terminó dándole la libertad tras menos de 24 horas de reclusión en Topo Chico. Craso error de la justicia ignorar la medida cautelar otorgada a Medina, ya que ahora el priista podrá apelar a la violación al debido proceso y muy seguramente ganará el proceso judicial por el cual está siendo investigado.

En efecto, el caso Medida suscita serias críticas a la Administración de Justicia en el estado de Nuevo León. El ex gobernador cuenta con al menos 20 casos donde se presume que existe comisión de delitos, según sentenció el subprocurador Ernesto Canales Santos. Es preciso mencionar que la ley presume la inocencia de los ciudadanos hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, Medina, si bien cuenta con diversos procesos judiciales, es inocente hasta que la justicia lo halle culpable. Y por esta razón no ha sido enviado a la cárcel, ni siquiera en la instancia de prisión preventiva, gracias a la ya citada medida cautelar.

En palabras del Instituto de Justicia Procesal Penal, la utilidad de la prisión preventiva es “inhibir la posibilidad justificada de que una persona imputada de delito huya o interfiera en el juicio“. Cabe señalar que existen casos donde Gobernadores de otros estados, como el también priista Javier Duarte –quien en su momento estuvo vinculado a varios procesos judiciales por delitos cometidos– no le fuera dictada la prisión preventiva lo cual contribuyó a que éste huyera de la justicia. En consecuencia, una de nuestra preocupaciones se fundamenta en que en México existe un historial de gobernadores prófugos de la justicia, en algunos casos por falta de celeridad del Poder Judicial.

¿Problema residual o problema estructural?

Ahora bien, esta problemática debe ser analizada como un problema estructural que aqueja a México, es decir, no se trata de individuos sino de todo un sistema que lleva años mostrando opacidad ante la justicia y la lucha contra la corrupción. Para ilustrar esta problemática, conviene mencionar ciertas cifras y datos que ponen en duda la efectividad del poder judicial tanto de Nuevo León como de la República Mexicana.

Según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP2012), Existe una percepción promedio de corrupción en el país de 4.54 puntos, donde 5 es el valor máximo de significancia total de corrupción. Igualmente, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2014) El 93,8% de los delitos no se denuncian o no derivan en averiguación previa. Por otro lado, el Informe País (2015) indica que el nivel de confianza en instituciones y organizaciones políticas y sociales a nivel nacional de los partidos políticos y de los jueces (por citar un ejemplo) se encuentra por debajo del 30%. Por último, el Índice de Percepción de Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, señala que México es el 6 país más corrupto del continente, de un total de 37 Estados. Por si fuera poco, el país ha ido empeorando su puntaje respecto a años anteriores, pues ha pasado de 35 a 30 en la calificación, siendo 0 el grado más alto de corrupción y 100 el menor grado.

Lo anterior es reflejo de que las instituciones no están haciendo bien su trabajo, o que si lo están haciendo, es de manera insuficiente. Urgen esfuerzos más decididos para superar estos problemas que aquejan día a día en el ámbito político mexicano. Lo de Rodrigo Medina no es un hecho aislado, sino un fiel reflejo de cómo la justicia opera de una forma expedita y casi inmediata para los ricos y lenta y pasiva para los pobres, es decir, existe un doble rasero entre figuras públicas y ciudadanos del común.

Colaboró en este texto Juan David Corredor García

Monterrey, Nuevo León, México 31 de enero de 2017