Albazo legislativo contra la transparencia

Publicado el 30 de septiembre de 2018
En la Sección Editorialista Invitado
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OPINIÓN INVITADA / Juan Manuel Ramos

Cayó por sorpresa tanto para organizaciones de la sociedad civil como para la sociedad misma que en un día convulsionado por los hechos previos al Clásico Regio, y por muchos otros sucesos que aquejan al Estado, el grupo legislativo del PRI se sacara de la manga la urgencia de reformar la Ley de Transparencia de Nuevo León.

No es que esta Ley no necesite reformarse, le urgen a las normativas general y local reformas que no dejen lugar a interpretación. Sin estas adecuaciones el derecho humano de acceso a la información va en camino a convertirse, como muchos otros, en un derecho de papel.

Pero la reforma actual no se trata de fortalecer a una institución, sino de perpetuar a personas en el cargo y con ello las malas prácticas en materia de transparencia.

El 24 de septiembre, en una sesión "fast-track", la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó una iniciativa de reforma al Artículo 49 de la Ley de Transparencia del Estado que permite la reelección de los integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

La adición que hicieron a la Ley local es: "Los Comisionados salientes podrán participar por una sola ocasión adicional en la convocatoria que para tal efecto emita el Congreso del Estado en los términos que establezca la Ley".

La iniciativa fue aprobada con los votos de Francisco Cienfuegos, Juan Manuel Cavazos y Álvaro Ibarra (PRI); Félix Rocha, Claudia Gabriela Caballero y Jesús Ángel Nava (PAN); Arturo Bonifacio de la Garza y Juan Carlos Leal (Morena) y Zeferino Juárez (PT). En contra un solo voto: Horacio Jonatán Tijerina (MC). Link:Consulte aquí la votación completa

Estos Diputados no midieron las consecuencias, pues en el 2016 se reformó el Artículo 46 de la misma ley, en el que se establece que de no alcanzarse votación de dos terceras partes para elegir a los Comisionados, la designación sería mediante insaculación.

La reforma, que ya fue aprobada por el Pleno del Congreso (25 de 42 votos a favor), da pie a la reelección de los Comisionados y a que permanezcan en el cargo hasta 14 años. Esto representa una violación al sexto constitucional, y la Ley General de Transparencia, en su Artículo 38, establece un máximo de siete años en el cargo, pueden ser menos, pero nunca más.

Ya lo advirtió también Patricia Kurczyn, comisionada del INAI: "(la reforma de Nuevo León) contraviene los principios constitucionales".

Alguna lógica debe tener la duración en el encargo. Por ejemplo, los titulares del Inegi y Banxico son designados por seis años.

En Nuevo León los Fiscales General, Anticorrupción y Delitos Electorales permanecen también seis años. La persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuatro años.

¿A quién le urgía esta reforma?

Al Estado no, menos al Estado de derecho. Hoy las violaciones en materia de transparencia se pueden contar por cientos en municipios, Ejecutivo estatal, órganos autónomos, sindicatos, fideicomisos y partidos políticos, todos sin excepción cometen en mayor o menor medida violaciones a la Ley de Transparencia.

La incapacidad de la CTAI de garantizar el acceso a la información tiene serias consecuencias, pues esto se traduce en que los recursos públicos se estén ejerciendo con discrecionalidad.

Según la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, la CTAI está ejerciendo este año un 71 por ciento más de presupuesto que en el 2016 (pasó de 32 a 55 millones).

Con mayores recursos económicos y herramientas legales, los Comisionados no han logrado avances importantes en materia de transparencia en el Estado. Esto no importó a los legisladores, pues buscan, violentando la Constitución, premiarlos con la reelección.

Hace sólo unos días EL NORTE dio cuenta de cómo los Comisionados resolvieron a favor de la Fiscalía y de mantener la reserva al expediente del "cobijagate", cuando la Ley establece que cuando se trate de casos de corrupción no se puede invocar tal reserva.

También se debatió el retroceso que significaba cambiar el periodo de publicación de la información pública, cuando pasaron de uno a seis meses.

Aquí surge un cuestionamiento válido: si los Comisionados no están trabajando por cumplir y hacer cumplir la ley, ¿para qué o para quién sí están trabajando? Por último, es importante hacer mención que el Comisionado Presidente de la CTAI forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sí, esto se puede echar para atrás. ¿Cómo? Puede presentar una acción de inconstitucionalidad el INAI, así como el 33 por ciento de los integrantes del Congreso local (14 Diputados), pues en el Pleno nueve votaron en contra y tres se abstuvieron. También organizaciones y personas.

Es momento de sumar para defender lo que se ha avanzado.

El autor es director de Redes Quinto Poder IDEA.

jmr@redesquintopoder.org

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