DESIGUALDAD FISCAL: Congresos y Poder Judicial sin RFC

Desigualdad fiscal: la brecha entre el ciudadano contribuyente y el ministro o diputado.

  • En seis entidades los Congresos locales y Poderes Judiciales locales no cuentan con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
  • En Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, ni el Congreso ni el Poder Judicial cuentan con RFC.
  • El Congreso del Estado de México y el Poder Judicial de Baja California tampoco cuentan con este documento.
  • Los 10 entes están incumpliendo obligaciones del Código Fiscal y Reglamento al Código Fiscal.
  • Se han presentado 11 denuncias ante el SAT por incumplimiento de obligaciones . Para que determine sanciones y obligue, como marca la Ley, a su inscripción al RFC.

Tan sólo en los últimos cinco años, el Poder Judicial de los estados de Baja California, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí manejaron 31 mil 087 mil millones de pesos.

Por su parte, los Congresos locales del Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, manejaron un presupuesto de 21 mil 797 millones pesos en los últimos cinco años.

Dicha cantidad de dinero no puede ser rastreada con precisión por los ciudadanos, ni por las mismas auditorías estatales, pues ninguno cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) propio.

Es decir, el órgano encargado de impartir justicia y los legislativos en dichos estados no tiene que preocuparse por justificar o transparentar sus gastos.

Esto lo constató Redes Quinto Poder mediante 79 solicitudes de acceso a la información enviadas de marzo a junio a los Poderes Judiciales y Congresos locales.

Con algunos organismos la petición de información se tuvo que hacer dos veces porque los sujetos obligados dieron respuestas incompletas.

Los 10 organismos mencionados están incumpliendo con el artículo 27 del Código Fiscal que obliga a personas físicas y morales a expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen o los ingresos que perciban y también solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes.

Entre los obligados están dependencias, unidades administrativas, órganos administrativos descentrados y otras áreas de la Federación, entidades federativas, municipios, organismos descentralizados y órganos autónomos.

Bastaría con que los Congresos y Poder Judicial locales completen la ficha 46CFF, un formulario especial para dependencias y órganos descentralizados. Posteriormente sólo se les pide ir en un plazo no mayor a 10 días a la oficina del SAT para concluir con el trámite.

Por ejemplo, órganos de reciente creación como la Fiscalía de Nuevo León ya registran gastos con un RFC propio.

Pero esto va más allá de la inscripción de los entes gubernamentales, por dos puntos: ¿por qué el SAT es exigente con los ciudadanos y laxo con los organismos mencionados? Y ¿cómo se podrá hacer un seguimiento minucioso de los gastos del Poder Judicial y Legislativo en los estados?

Sobre el primer punto es inaceptable que un ciudadano, empresa u organización civil declare ante el SAT con facturas de terceros pues estaría violando la Ley.

Pero es lo que justamente hacen los organismos de cinco estados al facturar como si fueran el Gobierno estatal.

El otro punto es que el principio “Follow the Money”, que refiere a seguir la ruta del dinero público, no es aplicable en dos estructuras importantes de impartición de justicia y de representación ciudadana: el Poder Judicial y los Congresos locales.

Poder Judicial aplica y viola la Ley

En el Poder Judicial de Baja California hubo irregularidades detectadas por las auditorías como la falta de elaboración de recibos oficiales por al menos cinco millones de pesos y 305 mil pesos que el magistrado Carlos Cataño se autoadjudicó.

El Auditor Superior de Fiscalización de Baja California, Carlos Padilla pidió al PJE tramitar un RFC propio y no usar el del Ejecutivo. Además advirtió al órgano que estaba incumpliendo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y con obligaciones fiscales marcadas en el artículo 86 del Impuesto Sobre la Renta. Un último apunte que se le hizo al ente judicial fue que era necesario tener un RFC para reforzar sus controles internos.

Vanguardia: https://vanguardia.com.mx/articulo/magistrado-inhabilitado-recibe-mas-de-350-mil-pesos-en-salarios-y-compensaciones

La misma observación hizo la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando la misma Tesorería General de Nuevo León le consultó sobre las obligaciones de organismos autónomos a inscribirse ante RFC.

Entre estos organismos estaba el Poder Judicial de Nuevo León, el cual tuvo un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos en los últimos cinco años. De los cinco poderes judiciales cuestionados, el de Nuevo León es el que más presupuesto tiene, hasta duplica el ingreso del de Baja California, Sonora y San Luis Potosí.

No es de sorprender, que en 2017 la Tesorería de Nuevo León preguntó a la SHCP, lo siguiente:

A lo que la SHCP respondió que sí era obligatorio que los tres cumplieran con el RFC.

Esto se constató con una solicitud de acceso a la información hecha por Redes Quinto Poder donde se solicitan documentos que contengan las consultas que la Tesorería hizo al SAT en relación a la obligación de inscripción ante el RFC de entes gubernamentales del Estado de Nuevo León.

Las consecuencias de no concretar la inscripción al RFC van desde la falta de transparencia, hasta sanciones administrativas por parte de un órgano fiscalizador que detecte irregularidades no subsanadas, explicaron especialistas, pues auditores se enfrentan a que cuando revisan a dichos órganos y se le pide comprobar cada pago, los entes dicen no tener facturas porque no están su nombre.

La auditoría resulta más compleja ya que se tienen que remitir con quienes aparezcan en la factura, que en este caso son los Gobiernos estatales.

Aquí es donde la información tiende a ser opaca o perderse, pues los administraciones estatales pueden no tener contemplado este pago en sus registros.

La ruta debe de ser que los documentos de quien ejerce estén a su nombre, con su parte administrativa y así se pueda documentar en caso de una solicitud de transparencia, detallan especialistas.

Congresos locales: la opacidad y discrecionalidad.

Los diputados son los representantes de los ciudadanos, pero con privilegios. No sólo por salarios, vacaciones y bonos, también por los beneficios fiscales que tienen al laborar para el Congreso local.

Redes Quinto Poder evidenció que los Congresos del Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y San Luis Potosí registran sus gastos y facturas con el RFC del Gobierno Estatal.

Además de la desigualdad fiscal mencionada y la dificultad para rastrear los recursos, también los Congresos podrían omitir hacer el Impuesto Sobre la Renta.

Un funcionario del Congreso del Nuevo León compartió un recibo depago donde se confirma que el ente sí retiene su ISR.

Si el Congreso de Nuevo León no cuenta con RFC, ¿cómo reporta el ISR retenido ante el SAT?

Especialistas fiscales comentan que los organismos sin registro fiscal podrían omitir el ISR o no hacer la transferencia a la autoridad tributaria.

Quien no tenga un registro puede descontar al trabajador y probablemente no hacer el pago al SAT.

También podría estar haciendo la transferencia del ISR al Gobierno central, de quien usan su RFC.

Lo cual no sería nuevo, ya que en Nuevo León surgieron al menos dos casos:

“Al descontar a los empleados el ISR durante los tres años de su Administración y no pagarlo, el ex Alcalde de San Nicolás Pedro Salgado dejó una deuda de 178 millones de pesos con el SAT”.  http://refor.ma/My-badH8Q

Debe Santa Catarina $90 millones al SAT: http://refor.ma/hf-badI79

El que no cuenten los Congresos con un registro fiscal propio no los exime de no reportar el IRS al SAT.

Acceso a la información

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información tiene más de cuatro años en función. Se cuenta con una Plataforma Nacional de Transparencia recién renovada.

México ocupa el segundo sitio en acceso a la información por el avance en sus leyes en dicha materia, según el Global Right to Information Rating.

Pero esta queda sólo en papel, pues pedir el RFC del Congreso local y Poder Judicial de las 32 entidades implica armarse de paciencia porque los sujetos obligados no cumplen con los requisitos básicos de transparencia.

En el caso del Congreso de Durango y el Poder Judicial y Legislativo de Querétaro respondieron con documentos ilegibles y fotocopias de mala calidad.

También el Poder Judicial de Aguascalientes respondió con una liga rota, por lo que se contactó a los funcionarios para dar con la liga correcta.

Tras las negativas se envió otra solicitud de información, que tuvo como respuesta, otra vez, la misma liga rota. Ante esta limitación de acceso a la información el RFC se obtuvo de una factura encontrada en el sitio web del organismo.

Otra disparidad es el tiempo de respuesta que varía de un día hasta 40 días.

Hay buenos ejemplos, como los Congresos de Nayarit y Colima que respondieron en un día. Mientras que los Congresos de Sonora y Querétaro tardaron 21 y 24 días, respectivamente, en dar respuesta a la segunda solicitud de acceso a la información que se les había enviado.

Lo mismo ocurre en el Poder Judicial, pues mientras éste ente en Veracruz entregó lo solicitado en dos días, en Guerrero el Poder Judicial tardó 40 días y no adjuntó ningún comprobante de su registro fiscal.

De hecho, un caso más complejo fue el de éste último ente. El órgano aparece como Tribunal Superior de Justicia de Guerrero en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero respondió 20 días después sólo para negar la información.

Redes Quinto Poder llamó al órgano para corroborar la versión a lo que respondieron que su nombre real era Poder Judicial del Estado de Guerrero y que al no coincidir con el de la Plataforma habían negado la información. También cuestionaron el por qué se pedía el RFC y para qué sería utilizado, preguntas que violan la Ley General de Transparencia.

En este estado se tuvo que enviar otra solicitud, retrasando así el derecho a la información.

La opacidad no sólo existe en el uso y destino que dan los órganos sin RFC a los recursos públicos, también hay un grave rezago en garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.

El SAT debe sancionar y hacer cumplir

Redes Quinto Poder IDEA, ha presentado diez denuncias correspondientes a diez entes, en el portal del Sistema de Administración Tributaria, para que en ejercicio de sus atribuciones este organismo determine la sanción correspondiente y haga un llamado a que los Congresos locales y Poderes Judiciales, así como los demás contribuyentes, cumplan con sus obligaciones fiscales, iniciando con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

Se presentó una denuncia también para que el Sindicato Único de Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Nuevo León (SUSPE) se inscriba al RFC.

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