Transparencia en riesgo

¿Se imagina usted al Gobierno federal como juez y parte en cuanto a transparencia de la información pública?

Pues bien, este derecho bien ganado por los mexicanos está bajo ataque con la intentona del Presidente López Obrador para que el Gobierno federal absorba las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Este organismo es una pieza fundamental en un sistema como el nuestro, en el que existe una patrimonialización de lo público, donde el servidor público piensa que es dueño del escritorio, la oficina, los vehículos y, desde luego, el presupuesto, que es dinero público, cuando obviamente no lo es.

Y así como hacen con los bienes tangibles, lo hacen con la información: se apropian de ella. Todavía en 2021 la constante es que no les gusta la transparencia.

¿Por qué es valioso el INAI para el ciudadano y la democracia en sí? Veamos.

Es recurrente que en muchas dependencias los servidores públicos simplemente no contesten una solicitud de información, y hacen esto porque, en la mayoría de los casos y ante la negativa, el ciudadano no sigue el proceso o desconoce la ruta para hacer valer el derecho.

Ahí es cuando podemos recurrir a un ente para iniciar un proceso, para la mayoría tedioso y complicado, pero necesario; eso se llama «recurso de revisión» y se presenta ante el INAI.

Así se inicia un proceso de «impugnación» con un árbitro entre el ciudadano y la autoridad que negó la información: ese árbitro a nivel federal es el INAI, que en todo momento debe velar por la máxima publicidad y garantizar el derecho de tener acceso a la información, y con base en la ley resolver en un caso en particular si la autoridad puede o no negar los datos solicitados.

¿Qué haremos si la CFE o la Secretaría de Bienestar nos niegan información? ¿Y si la Función Pública (a la que entregarían el INAI) simplemente decide no entregar o dar cauce a las solicitudes ciudadanas? Al margen del costo, esta dependencia de Gobierno no tendría la capacidad técnica para procesar tal volumen de transacciones.

De esta manera, en caso de que el actual garante de la transparencia se vuelva una dependencia gubernamental, sólo tendríamos la versión de la autoridad: es decir, sería juez y parte.

Es cierto, el INAI -al igual que su par local la COTAI, y seguro estoy que muchos otros organismos garantes en todas las entidades- tiene fallas.

Igualmente, no podemos pasar por alto que algunas veces no se miden en el gasto, valga recordar el vergonzoso caso en el que contrató a una empresa sancionada para desarrollar la plataforma nacional de transparencia que costó, al menos, un millón de dólares al tipo de cambio actual, y que presentó numerosas fallas técnicas e irregularidades contractuales, por decir lo menos.

En otra ocasión, contra todo pronóstico, el INAI reservó información que debía ser pública, como en el caso Odebrecht. Ello parecía ilógico, pero luego se entendió cuando una ex Comisionada Presidenta del organismo (Ximena Puente) fue nominada por el PRI a una Diputación federal pluri en 2018, que ostenta actualmente.

Podría ocupar toda esta columna mencionando las cosas negativas de la institución, al igual que los aspectos negativos de otras como la Cámara de Diputados, el Poder Judicial o la propia Presidencia.

Siendo así, bajo la lógica presidencial, deberían desaparecer todos estos entes, porque desde la visión ciudadana nos cuestan mucho y nos resuelven poco o nada. Pero no se trata de eso.

Debemos exigir austeridad en todas las instituciones, incluido desde luego el INAI: no se puede seguir derrochando en eventos y viajes como lo han venido haciendo.

Ahora bien, el Presidente parece olvidar que México ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su Artículo 19 establece el derecho humano de recibir información.

Aún más, el Artículo 6 de nuestra Constitución reconoce el derecho de acceso a la información y establece que se contará con un organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

Olvida también que cualquier reforma en materia de derechos humanos debe observar siempre el principio de progresividad: ampliar el goce y disfrute de los mismos, nunca recortarlos.

El INAI se podrá transformar y mejorar siempre que esto implique más beneficios a la ciudadanía.

El Instituto no se hizo para sus actuales ocupantes, tampoco para los actuales gobernantes: se instituyó para beneficio de las y los mexicanos y en ese sentido se debe defender.

-o-

Editorial del Director de Redes Quinto Poder, publicada el 17 de enero de 2021 en el Periódico El Norte: https://elnorte.com/gc5Qvn/transparencia-bajo-fuego/

 

 

 

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