Otro exceso legislativo

Otro exceso legislativo

Algo hemos podido identificar en el seguimiento continuo que hacemos a las actividades legislativas: cuando una sesión se extiende demasiadas horas es altamente probable que los representantes populares aprueben algo que va precisamente en contra de los representados.

Así pasó en la sesión maratónica del pasado 15 de mayo en el Congreso de Nuevo León.

En total, 38 Diputadas y Diputados: 12 del PAN, 8 de Morena, 8 del PRI, 4 de MC, 4 del PT, 1 del PES y 1 del Verde aprobaron las reformas a la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Nuevo León, que en su Artículo 32 establece lo siguiente:

"Todos los servidores públicos, persona física o moral comprendiendo a estas últimas a los socios, accionistas, propietarios y representantes legales de la misma, que sean contratados por cualquier ente público para dar algún servicio, sean concesionarios o permisionarios de un servicio público, estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad".

Esto en español quiere decir que cualquiera que quiera hacer negocios con los distintos niveles de Gobierno de Nuevo León, además de cumplir con todos los requisitos propios de una licitación deberá presentar su 3de3, la patrimonial.

Ahí deberá detallar la cantidad de sus bienes, cuentas bancarias, de ahorros, las propiedades del cónyuge, el menaje de casa, y eso incluye también a accionistas de las personas morales.

Complementan la 3de3 la declaración de intereses y la fiscal (la cual debería ser obligatoria en cualquier transacción con el Gobierno).

En este rubro específico -como lo reportó EL NORTE esta semana- se excedieron los Diputados de Nuevo León, pues están equiparando a los particulares (personas física o morales) a un servidor público.

Un particular está sujeto a las normativas civiles, penales y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mientras que el servidor público en tanto actúa en representación del Estado tiene obligaciones distintas.

Han aumentado, sí, pero ha sido a consecuencia de la desmedida voracidad y la impunidad que persiste en un sinnúmero de casos, como las empresas fantasma de Javier Duarte, Odebrecht o de la Estafa Maestra, sólo por citar algunos.

El Sistema Nacional Anticorrupción surgió precisamente para prevenir y sancionar conductas que dañan al erario y con ello a los ciudadanos, pues la corrupción afecta derechos elementales como la salud, la educación y el medio ambiente sano, entre otros.

No nos explicaron cómo es que obligando a los particulares a presentar su 3de3 se contribuye a la transparencia, la rendición de cuentas y al combate a la corrupción en el Estado.

Las personas físicas y morales que hacen negocios con el Gobierno deben cumplir con infinidad de requisitos: de acuerdo al tamaño del negocio es el tamaño de requisitos que deben cumplir.

Además, la Ley General ya prevé sanciones a las personas físicas y morales, por tanto, hay que insistir en que lo que han hecho las Diputadas y Diputados de Nuevo León a todas luces es un exceso.

Es una falacia el hecho de que obligar a los particulares a presentar su 3de3 aporte algo nuevo o distinto en el proceso de transparencia, de rendición de cuentas y del combate a la corrupción.

Por ello, supongo, no se estableció esta obligatoriedad en la normativa general, vigente desde el 2016.

Más de dos años se tardó el Congreso local en dictaminar una iniciativa de Ley que sólo debían homologar.

En lugar de hacerlo y dar certeza, se puede presumir que decidieron entrampar el proceso, pues la reforma de Ley tiene un claro conflicto entre la Máxima Publicidad (obligada en la esfera pública) y el Derecho a la Privacidad (garantizado a los particulares), y en el caso de que el Ejecutivo no ejerza su facultad de veto, el asunto terminará en tribunales y será la Suprema Corte quien decida. Al tiempo.

Esto, por supuesto, beneficia al estado actual de las cosas y a los malos servidores públicos.

"Quién iba a decir que los mismos Diputados, que han gastado más de 66 millones de recursos públicos en total opacidad (Artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, o gestoría) y que niegan información pública violentando un día sí y el otro también la Ley de Transparencia, ahora quieran saber qué comedor, sala o carro tiene un ciudadano que en su legítimo derecho y cumpliendo con la ley quiere hacer negocios con el Gobierno.*

El autor es director de Redes Quinto Poder.

OPINIÓN INVITADA / Juan Manuel Ramos

Publicado en EL NORTE
el 26 Mayo de 2019

Link https://refor.ma/bbO5q

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